La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta actualmente un doble desafío en los ámbitos financiero y social. Mientras el Gobierno del Estado de San Luis Potosí confirmó la asignación de 516 millones de pesos en participaciones estatales para el ejercicio 2026, la institución también inició el resguardo de su Edificio Central ante la próxima movilización del 8 de marzo.
El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra informó que el recurso forma parte de un convenio establecido con la Secretaría de Educación Pública, lo que permitirá dar mayor certidumbre financiera tras un 2025 marcado por retrasos en la entrega de fondos federales y estatales.
Durante ese periodo, la universidad llegó a acumular casi dos meses sin recibir recursos, situación que obligó a frenar pagos a proveedores y evidenció presiones en su operación.
A pesar del respaldo presupuestal previsto para 2026, la rectoría reconoció que persisten rezagos en materia de infraestructura, por lo que las necesidades institucionales continúan superando la disponibilidad de recursos. El financiamiento, señalaron autoridades universitarias, permitirá estabilidad operativa, aunque no resuelve de fondo los pendientes estructurales.
En paralelo, la colocación de paneles de protección en el Edificio Central se realiza como medida preventiva ante la marcha del Día Internacional de la Mujer. La acción busca resguardar el patrimonio histórico del inmueble frente a posibles daños durante la manifestación.
Este contexto refleja que la universidad atiende simultáneamente su estabilidad financiera y la seguridad de sus instalaciones, en medio de un escenario donde también persisten demandas internas relacionadas con la atención a problemáticas de género dentro de la comunidad estudiantil.