La hija de don Guadalupe es una de las cinco víctimas que Filiberto “N” confesó haber privado de la libertad, abusado sexualmente, torturado y asesinado entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, en la zona Huasteca. Sus víctimas fueron Dulce Ximena, de ocho años; Itzel Romani, de once; Adriana, de trece; Rosita, de catorce; y Eliehoenai, de treinta y dos años. Filiberto abandonaba los cuerpos entre cañaverales.
“Desesperación al ver que ya van más de once años que está detenido, y todavía no hay una sentencia… el tiempo pasa, pero el dolor no pasa… ese sigue profundo y cada vez que tocamos el asunto vuelve a revivir…”, expresó don Guadalupe Chávez, papá de Eliehoenai, en entrevista con Gerardo Duque.
En julio de 2014, tras ser detenido, Filiberto “N” manifestó en su declaración ante el Ministerio Público: “Amo la vida y la respeto, porque soy un hijo de Dios…”
Tras causar baja en el Ejército, Filiberto llegó a Tamuín a dar clases de artes marciales y a impartir catecismo, mientras cometía los crímenes que finalmente fueron esclarecidos gracias a las investigaciones realizadas por las propias familias de las víctimas.
Pese a que ha permanecido más de una década en prisión preventiva, no se le ha dictado ninguna sentencia. Por ello, las familias temen que el Poder Judicial del Estado pueda otorgarle la libertad.
“Le dije al juez último que estuvo, lo que me preocupa es que, a mi edad, si llegara yo a morir… pues mi temor sería que las cosas se quedaran abandonadas… incluso, la sentencia, por grande que sea, no satisface todavía nuestro sentir…”, dijo don Guadalupe Chávez.
Las familias denuncian que durante más de diez años han sido revictimizadas en órganos procuradores de justicia y en instancias donde debieran encontrar acompañamiento jurídico, psicológico y económico.
“A mí no me han dado ningún resultado las autoridades, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que debería de estar aquí acompañándome, no lo ha hecho… Yo estoy avisándoles que voy a venir y aquí estoy sola con ustedes… y ellos se justifican muchísimo de que pues que el proceso, que si el sistema judicial, que a mí me perdieron mis pruebas… otra vez lo volvieron a retomar, porque pues algo hubo mal allí que el Ministerio Público hizo… o sea, son muchas, muchas cosas… no sé hasta cuándo”, expresó Sandra Campuzano, mamá de Adriana Martínez Campuzano, otra de las víctimas.
Una nueva jueza tomó el caso hace menos de dos meses. Señala que el proceso también se ha retrasado por la transición al nuevo sistema judicial y por la lentitud en la comunicación con el penal federal de Durango, donde Filiberto se encuentra recluido.
“Todavía están detenidos debido a la defensa que ha ejercido, ya sea con recursos de apelación o recursos de Amparo, que todavía no se encuentran resueltos… porque al final del día dictáramos una sentencia sin tomar en cuenta esas resoluciones que él impone como quejoso, pues estaríamos violando su derecho”, dijo en entrevista Rosa Elena Blanco Ríos, Jueza de Ejecución de Penas del Poder Judicial de San Luis Potosí.
Las familias solo piden que se llegue al final del proceso. “Nosotros esperamos que sea una sentencia justa, por justa quiero decir la máxima pena, por cada una de las víctimas”, finalizó don Guadalupe Chávez.
“Mató a cinco personas… y entre ellas mi niña”, recordó visiblemente molesta Sandra Campuzano.