Los recientes hechos de violencia contra mujeres en la capital potosina evidencian una profunda contradicción entre la realidad que se vive en las calles y el discurso del gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos, quien mantiene su intención de gestionar el retiro de la Alerta de Violencia de Género (AVG) pese a los crímenes ocurridos en los últimos días.
El feminicidio de Yesenia en la colonia Las Flores y la ejecución a balazos de otra mujer tras una persecución armada registrada el 16 de febrero en la colonia Dalias del Llano no solo generaron indignación social, sino que reactivaron cuestionamientos sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y prevención implementadas por la administración municipal.
Aun así, el alcalde sostuvo que los casos “son distintos”, al señalar que uno corresponde a un conflicto personal y el otro a un problema de seguridad pública. La postura ha sido criticada por fragmentar la violencia feminicida en categorías que, para colectivos y especialistas, no cambian el resultado: mujeres asesinadas en un contexto donde el Estado no ha logrado garantizar su protección.
La AVG es un mecanismo extraordinario que se activa precisamente cuando la violencia contra las mujeres alcanza niveles sistemáticos y persistentes. Por ello, insistir en su retiro mientras continúan registrándose feminicidios y ejecuciones de mujeres es interpretado por organizaciones civiles como una señal de desconexión institucional frente a la gravedad del problema.
Aunque el gobierno municipal afirma trabajar en campañas de prevención, sensibilización y acciones de seguridad más estrictas, los hechos recientes cuestionan la efectividad real de estas medidas. Para activistas, el énfasis en mejorar indicadores administrativos contrasta con una realidad donde las agresiones letales siguen ocurriendo.
En este contexto, la discusión ya no gira únicamente en torno a la permanencia de la AVG, sino a la capacidad de las autoridades para reconocer la dimensión estructural de la violencia de género. Mantener el discurso de retiro en medio de nuevos crímenes, advierten colectivos, no solo resulta prematuro, sino políticamente riesgoso al transmitir la idea de que la crisis está resuelta cuando las víctimas recientes demuestran lo contrario.
Mientras la administración municipal defiende su narrativa de avances, las familias de las mujeres asesinadas enfrentan una realidad irreversible. Y esa distancia entre el discurso oficial y los hechos es, hoy, el principal cuestionamiento a la postura del gobierno capitalino.