La Secretaría General de Gobierno informó que brindará asesoría a los municipios para implementar los nuevos esquemas de jubilación y pensión. La iniciativa obliga a los ayuntamientos a garantizar el acceso del personal de seguridad a prestaciones de retiro mediante instituciones públicas.
Las reformas modifican el artículo 114 y leyes complementarias, representando un avance en la protección de los derechos laborales del personal policial. Los municipios tendrán un plazo de 120 días para adecuar sus estructuras internas y deberán incluir en el próximo presupuesto una partida específica para financiar estos beneficios.
