En una sesión dominical marcada por la prisa legislativa, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma electoral que redefine desde ahora la contienda por la gubernatura de 2027: los partidos solo podrán registrar candidaturas de mujeres. La decisión, adoptada sin debate de fondo en el Pleno, se convirtió en una de las modificaciones constitucionales más controvertidas de los últimos años por su alcance político y sus implicaciones jurídicas.
El dictamen fue avalado con 19 votos a favor y ocho en contra, en una sesión con 27 diputados presentes, y fue el primer asunto sometido a votación. La iniciativa, promovida originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), avanzó mediante un trámite acelerado que desplazó cualquier intento de discusión amplia sobre sus efectos colaterales.
Además de establecer la exclusividad femenina para la gubernatura en el próximo proceso, la reforma adelanta el inicio del calendario electoral a noviembre del año previo a la elección y ajusta diversas reglas en materia de fiscalización, prerrogativas, quejas y funcionamiento de órganos electorales.
En contraste con la propuesta original, los legisladores eliminaron la disposición que planteaba la intervención de notarios públicos como auxiliares durante la jornada electoral.
La votación dejó al descubierto fracturas internas en las principales fuerzas políticas. Morena votó en bloque en contra, al igual que dos legisladores del PAN, mientras que el resto de las bancadas respaldaron el cambio.
Aunque sus defensores presentan la reforma como un paso decisivo hacia la igualdad sustantiva y la eliminación de barreras históricas, las críticas no se centraron únicamente en la paridad.
Legisladores y observadores advirtieron que el nuevo diseño constitucional no incorpora salvaguardas contra prácticas como el nepotismo ni mecanismos claros para evitar la concentración del poder, lo que alimenta la sospecha de que la medida podría generar ventajas políticas preconfiguradas.
Esa inquietud se trasladó a las calles al finalizar la sesión. Un reducido grupo de manifestantes se concentró frente al Congreso para rechazar lo que denominaron la “Ley Ruth”, sosteniendo que la inconformidad no es con la participación política de las mujeres, sino con una reforma que, a su juicio, abre la puerta a imposiciones y posibles conflictos de interés, al señalar que podría favorecer a figuras cercanas al actual titular del Ejecutivo.
En términos legales, el decreto establece que la reforma entrará en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, una vez validada por los ayuntamientos, y fija que a partir de 2027 se aplicará la exclusividad femenina, para después transitar a un esquema de alternancia de género en procesos subsecuentes.
Con esta decisión, San Luis Potosí se adelanta a una discusión nacional aún inconclusa sobre la paridad en gubernaturas. Ese desfase alimenta la expectativa de impugnaciones y una eventual judicialización del nuevo marco electoral. Así, lo que fue aprobado como un avance histórico podría convertirse en el inicio de un nuevo ciclo de disputas constitucionales, en un escenario donde la rapidez legislativa dejó más preguntas abiertas que consensos construidos.