Al menos 120 trabajadores del Poder Judicial del Estado han sido despedidos como parte de una reestructura interna que, oficialmente, se presenta como un proceso de modernización y austeridad. Los recortes se han aplicado de forma gradual y sin información clara, con notificaciones sorpresivas y la baja inmediata del sistema biométrico.
La mayoría de los afectados pertenecía a un fondo de apoyo, integrado por personal auxiliar que durante años sostuvo tareas operativas sin estabilidad laboral. A algunos se les ofreció la posibilidad de regresar, pero con una reducción drástica de salario y nivel, lo que implica aceptar condiciones laborales inferiores.
Hasta ahora no existe un posicionamiento oficial detallado por parte del Poder Judicial ni de las dirigencias sindicales, lo que ha incrementado la incertidumbre entre trabajadores de base que también podrían enfrentar ajustes.
Desde el Congreso del Estado, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, respaldó la reestructura al argumentar que la nómina es excesiva y las finanzas del Poder Judicial son críticas, aunque reconoció la importancia del personal sindicalizado.
La falta de reglas claras y de garantías laborales ha generado cuestionamientos sobre si la reestructura busca ordenar las finanzas o redefinir, de manera discrecional, quiénes permanecen dentro del sistema judicial.