En la capital potosina, la administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos, ahora por el actuar de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, luego de una serie de denuncias públicas por presuntos abusos de autoridad que encendieron las alertas en el Congreso del Estado.

El tema llegó al Poder Legislativo tras la difusión de diversos casos que exhiben actuaciones policiales consideradas desproporcionadas y contrarias a los protocolos. Entre ellos destaca la detención de una periodista tras un percance vial menor, situación que, de acuerdo con lo expuesto, escaló sin justificación a una privación de la libertad por orden de un mando, pese a que inicialmente no existía conflicto alguno.

A este hecho se suma el testimonio de Roberto, un ciudadano que difundió en redes sociales videos de su detención. En las imágenes se observa una atención deficiente por parte de los elementos y una narrativa oficial que, hasta ahora, no logra sostenerse frente a lo documentado en video.

Ante estos señalamientos, diputadas y diputados del Congreso del Estado promovieron un exhorto para que el Ayuntamiento capitalino revise la actuación de sus corporaciones, investigue los hechos y garantice el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Sin embargo, la respuesta del alcalde Enrique Galindo fue cerrar filas con su policía. El edil defendió a los elementos involucrados, reiteró que la corporación capitalina es una de las mejor capacitadas del país y minimizó las denuncias al señalar que la gente siempre se dice inocente cuando es detenida.

Esta postura ha generado críticas adicionales, al considerar que traslada la responsabilidad del debate hacia las víctimas y no hacia quienes ejercen el uso de la fuerza pública. La narrativa oficial, basada en certificaciones, capacitaciones y cursos, incluso en el extranjero, contrasta con los testimonios y evidencias que circulan en redes sociales y con la preocupación expresada desde el Legislativo.

Para diversos sectores, el problema ha dejado de ser un hecho aislado o un ataque político. Se trata de un desgaste institucional que impacta directamente en la confianza ciudadana hacia el gobierno municipal. Especialistas y legisladores coinciden en que minimizar los señalamientos no resuelve el problema, sino que profundiza la percepción de impunidad.

Mientras tanto, la exigencia desde la opinión pública es clara, menos defensa automática y mayor voluntad para reconocer errores, investigar a fondo y corregir prácticas que hoy colocan a la Policía Municipal en el centro de una crisis que amenaza con seguir creciendo.