Los señalamientos por presuntas irregularidades vuelven a alcanzar a los Servicios de Salud del Gobierno de San Luis Potosí. Así como ocurrió en el periodo en que Mónica Liliana Rangel encabezaba la Secretaría de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López, organizaciones civiles advierten que continúan asignándose contratos millonarios a empresas de reciente creación y con domicilios difíciles de verificar. Ahora, bajo la gestión de Leticia Gómez Ordaz, en la administración que dirige el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los patrones parecen repetirse.
De acuerdo con información recopilada por la organización Ciudadanos Observando a partir de datos de la Plataforma Estatal de Transparencia, la empresa Pag Médica S.A. de C.V. obtuvo entre diciembre de 2023 y julio de 2025 un total de 33 millones 311 mil 524 pesos por conceptos relacionados con “servicios integrales”. La compañía fue constituida en marzo de 2023 y, de manera llamativa, en menos de dos meses ya estaba recibiendo su primer contrato federal.
El administrador único de Pag Médica, Felipe de Jesús Gómez Padilla, firmó su primer acuerdo con el ISSSTE por 109 mil 968 pesos para la adquisición de material médico. Sin embargo, para diciembre del mismo año, la empresa ya había conseguido un contrato mucho mayor con los Servicios de Salud del estado: 22 millones 285 mil 272 pesos por material de osteosíntesis, endoprótesis y comodato de equipo instrumental.
Las dudas sobre la operación real de la empresa aumentaron tras verificaciones periodísticas en su domicilio fiscal declarado: Pablo Casals #996, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco. Vecinos aseguraron que el inmueble se encuentra vacío desde hace meses.
Un segundo domicilio asociado a Pag Médica, ubicado en Alemán #450 interior 12, dentro del Parque Industrial Élite en Zapopan, tampoco pudo ser localizado de forma confiable por reporteros.
Pag Médica tiene como socios a Miriam Gómez Padilla y Felipe de Jesús Gómez Padilla, quien también fungió como representante legal de Grupo Salud RL S.A. de C.V., otra empresa beneficiada con contratos del ISSSTE desde 2021 y que durante un tiempo compartió el mismo domicilio fiscal con Pag Médica. De acuerdo con el periódico AM de León, ninguna de estas compañías opera actualmente en esa dirección.
Para Ciudadanos Observando, este caso debe prender alertas en San Luis Potosí, pues evidencia que, igual que en el gobierno anterior, “los viejos vicios persisten”. La organización advirtió que, en la administración actual del Partido Verde, continúa una tendencia que califican como “corrupción sin límites”.