En la zona metropolitana de la capital potosina, 17 de los 18 asilos identificados por la autoridad estatal operan sin contar con el visto bueno oficial, una situación que expone a personas adultas mayores a riesgos permanentes y revela fallas estructurales en la supervisión institucional.
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que, tras recorridos aleatorios y permanentes realizados en conjunto con la Dirección de Comercio, se detectó que únicamente uno de estos centros cumple con la validación correspondiente.
“Tenemos en el registro 18 asilos. Nada más uno tiene un visto bueno; estos 18 asilos son nada más en la zona metropolitana”, declaró.
El funcionario reconoció que muchos de estos espacios operan en casas habitación adaptadas, es decir, en inmuebles no diseñados para funcionar como centros de atención geriátrica, lo que complica el cumplimiento de normas básicas de seguridad, protección civil y atención médica.
El diagnóstico es aún más delicado. En varios de los establecimientos no se cuenta con médico, paramédico, botiquín equipado ni protocolos claros de supervisión. “Realmente es un peligro, no lo revisan”, admitió Ordaz Flores, quien aseguró que las inspecciones continuarán y que se habilitaron canales de denuncia ciudadana para reportar irregularidades.
El hallazgo abre la: ¿cuánto tiempo han operado estos lugares bajo estas condiciones? La detección de irregularidades no es nueva. El antecedente del asilo Santa Sofía, señalado el año pasado por presuntas anomalías, ya había encendido alertas sobre la falta de control en este tipo de centros.
El problema trasciende el plano administrativo. No se trata únicamente de permisos incompletos, sino de la seguridad y dignidad de personas adultas mayores que, en muchos casos, dependen totalmente de terceros para su cuidado. La ausencia de supervisión sistemática evidencia un vacío institucional que ha permitido que estos espacios funcionen durante años en condiciones opacas.
Aunque la autoridad actual reconoce la dimensión del problema y promete reforzar la vigilancia, la situación revela una omisión acumulada. La supervisión de asilos no puede activarse solo tras una crisis o ante la presión pública. La protección de un sector históricamente vulnerable exige controles permanentes, inspecciones rigurosas y sanciones efectivas.
La dignidad en la vejez no puede depender de la improvisación ni quedar supeditada a la denuncia mediática. Mientras 17 de 18 asilos continúen sin cumplir plenamente con la normativa, el riesgo seguirá latente en espacios que deberían ser sinónimo de cuidado y tranquilidad.