El pasado 22 de abril de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí otorgó una suspensión provisional para que diecinueve mujeres Privadas de la Libertad sean trasladadas del penal femenil de Xolol -ubicado en la zona huasteca- hacia el CERESO de La Pila -en la capital del estado-, donde inicialmente estaban recluidas.

Hijas e hijos de las diecinueve mujeres fueron quienes obtuvieron el amparo de la justicia con efecto “inmediato”, bajo la premisa de que esos niños, niñas y adolescentes puedan convivir con sus mamás regularmente.

Desde tiempo atrás esa posibilidad se había vuelto extremadamente difícil, pues las madres de familia Privadas de la Libertad en la capital potosina fueron transferidas a un penal ubicado a 300 kilómetros, en el municipio huasteco de Tancanhuitz. Sus hijos promovieron el amparo aduciendo una serie de afectaciones debido a la distancia que les separa del reclusorio femenil de Xolol.

Pese al mandato judicial, en primera instancia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado se negó a trasladar a las mujeres de Xolol a La Pila. El pasado 28 de abril de 2025, la SSPC a través de su dirección jurídica alegó la imposibilidad de cumplir lo ordenado por la jueza.

En reacción, un centenar de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y colectivas, también académicos, periodistas, así como defensoras de derechos humanos y activistas, firmaron una misiva dirigida a la comunidad nacional e internacional, a la presidenta de México, y al gobernador de San Luis Potosí.

“Se han estado realizando traslados involuntarios de manera discriminatoria, pues el requisito para ser trasladada como persona privada de libertad a ese centro penitenciario (Xolol) es ser mujer. Se confirma así que la población femenil, a diferencia de la varonil, suele experimentar mayor abandono y corre un riesgo más elevado de perder sus vínculos sociales y familiares. Esto es un reflejo de la estigmatización social que recae sobre ellas, de manera reforzada en este caso, por las autoridades. Sin embargo, con esta decisión, también se han estado vulnerando el interés superior de la niñez, así como los derechos a la salud, a la educación, a la familia, al desarrollo y al bienestar de niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de esas mujeres que fueron trasladadas a Xolol”,se cita en el desplegado.

En horas recientes el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, informó que la administración estatal cumplirá con la resolución de la Jueza, sin embargo, no precisó cuándo.