POR: GERARDO DUQUE
El anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de vetar la reforma a la Ley Electoral que establecía la postulación exclusiva de mujeres a la gubernatura en 2027, abrió un debate que va más allá del discurso político y se centra en la legalidad y el alcance real del veto. Si bien el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo que marca la Constitución local para devolver el proyecto al Congreso, el tono empleado por el mandatario al afirmar reiteradamente que la reforma “se va a echar para atrás”, genera confusión, ya que la figura constitucional no contempla un veto absoluto, sino la devolución con observaciones específicas.
El proceso acelerado con el que se aprobó la reforma refuerza la percepción de improvisación institucional. En menos de un mes, la iniciativa pasó del CEEPAC al aval del Congreso y de la mayoría de los ayuntamientos, hasta quedar lista para su publicación. Esa prisa contrasta con la falta de un análisis profundo que ahora el propio Ejecutivo exige, y plantea la pregunta de por qué las posibles inconsistencias constitucionales no fueron advertidas ni por el Legislativo ni por los organismos electorales que impulsaron el cambio.
Más allá de la oportunidad del veto, el punto crítico está en la ausencia de argumentos jurídicos claros. En el mensaje del gobernador no se detallan las observaciones concretas que sustenten la devolución de la reforma, como exige la Constitución. Las razones esgrimidas, como evitar “leyes a modo” y posibles violaciones a derechos, permanecen en el terreno de las generalidades, lo que debilita la solidez legal del acto y lo acerca más a una decisión política que a un ejercicio técnico del control constitucional.
En ese contexto, el debate corre el riesgo de desviarse hacia una confrontación discursiva, alimentada por referencias a la “herencia maldita” y a la oposición, en lugar de centrarse en el fondo: si la reforma vulnera o no principios constitucionales y cómo debe garantizarse la paridad sin transgredir derechos. La clave estará en conocer el documento de observaciones que acompañe el veto y en verificar si el Congreso abre una discusión real y fundamentada, o si el proceso se convierte en un episodio más de simulación política bajo el argumento de la legalidad.