Mientras la agenda pública suele girar en torno a homicidios, asaltos o hechos violentos de alto impacto, en San Luis Potosí las autoridades estatales concentran esfuerzos en un delito que opera en silencio pero con efectos devastadores: la extorsión y el cobro de cuotas, prácticas que han afectado de manera persistente a comerciantes y familias, especialmente en la región Huasteca.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) reconoció que Ciudad Valles se ha consolidado como el principal punto de atención dentro de esta problemática. Lejos de una respuesta reactiva basada únicamente en reportes ciudadanos, la estrategia estatal se ha orientado hacia labores de inteligencia, investigación y acciones directas contra las estructuras criminales involucradas.
El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que los avances más significativos no se miden por el número de llamadas al 911, sino por las detenciones y desarticulación de grupos delictivos. Explicó que existe una instrucción puntual del gobernador del estado para reforzar la seguridad en la Huasteca, donde se han concentrado los operativos más relevantes.
Como resultado de estas acciones, autoridades estatales han logrado identificar y neutralizar células dedicadas exclusivamente a la extorsión y al llamado “derecho de piso”. Entre los golpes más recientes, se reporta la detención de al menos tres presuntos extorsionadores en Ciudad Valles, además del aseguramiento de personas armadas en el estado de Tamaulipas, presuntamente vinculadas con actividades criminales que afectaban directamente a territorio potosino.
Juárez Hernández también desmintió la percepción de que la extorsión telefónica sea un fenómeno generalizado en la entidad. Aseguró que su incidencia es baja y se encuentra por debajo de la media nacional. Detalló que el personal de la SSPCE cuenta con capacitación para identificar de inmediato este tipo de llamadas, orientar a la población y, en su caso, canalizar las denuncias correspondientes.
La estrategia estatal, añadió, no se limita a contener el problema en la Huasteca, sino que busca evitar que estas prácticas se expandan a otros municipios. Para ello, se mantiene una coordinación constante con autoridades federales, con el objetivo de frenar la operación de grupos criminales antes de que logren establecerse.
De esta manera, San Luis Potosí apuesta por una política de seguridad menos mediática pero enfocada en resultados, orientada a proteger la economía local y devolver tranquilidad a sectores que durante años han sido víctimas de un delito que rara vez se denuncia, pero que deja profundas secuelas sociales.
