En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una medida largamente exigida por colectivos de familias buscadoras que llega marcada por años de rezago, omisiones y desconfianza hacia las autoridades estatales.
Para Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, la aprobación representa apenas el inicio de una deuda histórica con las víctimas, luego de que, afirma, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha mantenido a las familias al margen de los procesos de búsqueda y sin resultados tangibles.
La activista denunció la falta de policías de investigación, vehículos y voluntad institucional, señalando directamente a la titular de la fiscalía por la ausencia de avances en la localización de personas desaparecidas. Según su postura, la búsqueda inmediata, en vida y sin vida permanece detenida, sin información clara para las familias que llevan años esperando respuestas.
Pérez Rodríguez subrayó que la creación de esta fiscalía especializada debió concretarse desde 2018. De haberse hecho entonces, hoy podrían estar plenamente analizados los perfiles genéticos contenidos en fosas comunes y muchas familias habrían recibido ya los restos de sus seres queridos. El retraso, sostuvo, ha permitido el crecimiento del fenómeno de desapariciones y la existencia de presuntas zonas de exterminio en distintas regiones del estado.
Las declaraciones también cuestionan la responsabilidad del gobierno estatal en la expansión de redes delictivas vinculadas a desapariciones. Desde la perspectiva del colectivo, la permanencia de estas estructuras responde a una permisividad institucional que ha dejado a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad cotidiana. Desaparecer, advierten, puede ocurrir al salir de viaje, acudir a un centro nocturno, trabajar o simplemente transitar por la vía pública.
Aunque la nueva fiscalía fue impulsada durante años por familias organizadas, el anuncio legislativo no disipa la desconfianza acumulada. Para los colectivos, el verdadero cambio no radica en la creación de nuevas estructuras burocráticas, sino en la capacidad real del Estado para investigar, buscar y garantizar que las desapariciones no continúen.
La aprobación legislativa abre una etapa que inicia bajo el peso de una exigencia central: que el gobierno y las instituciones de procuración de justicia pasen de la simulación a los resultados. Para las familias, cada día sin verdad ni justicia prolonga la desaparición.