La explicación ofrecida por la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí sobre el permiso de pirotecnia expedido en territorio de Villa de Pozos lejos de cerrar el tema, lo profundizó. El argumento del “error de sistema” utilizado por su titular, Ángel de la Vega Pineda, pone en entredicho no solo un trámite administrativo, sino la forma en que el municipio gestiona —o evade— sus responsabilidades cuando se trata de límites territoriales y cobros.
De acuerdo con el funcionario, el permiso fue autorizado porque el sistema arrojó el visto bueno y porque el solicitante “no sabía” que ya se encontraba en Pozos. Sin embargo, esa justificación abre interrogantes incómodas, si desde hace más de un año Pozos dejó de ser delegación, ¿por qué la plataforma municipal sigue habilitada para cobrar y autorizar en zonas que ya no le competen? ¿En qué momento se actualizó —o no— esa base de datos que hoy sirve para recaudar, pero no para asumir consecuencias?
La versión oficial plantea una narrativa conveniente, no hubo dolo, no hubo decisión humana, solo una falla técnica. Pero esa supuesta confusión territorial parece activarse únicamente cuando hay ingresos de por medio. Para sanciones, regulación o deslinde de responsabilidades, la línea divisoria suele aparecer con mayor nitidez. El “error” entonces deja de parecer casual y se convierte en un síntoma de una administración cómoda en la ambigüedad.
Más allá del reintegro prometido, el caso evidencia un problema estructural, sistemas desactualizados, falta de coordinación intermunicipal y un discurso que diluye responsabilidades en lo tecnológico.