Las cifras que presume el Ayuntamiento de San Luis Potosí en materia de control y diálogo sobre el comercio contrastan con una realidad evidente. Basta recorrer el Centro Histórico para encontrar calles saturadas de puestos ambulantes, banquetas obstruidas, basura acumulada y un entorno urbano deteriorado. Mientras la autoridad habla de orden, el espacio público continúa siendo disputado a diario, sin que exista una solución de fondo.
La Dirección de Comercio Municipal reconoce que diariamente se retiran entre 20 y 30 comerciantes sin permiso del primer cuadro de la ciudad. Lejos de representar un logro, este dato confirma la persistencia del problema. El ambulantaje no disminuye, se recicla. Los vendedores itinerantes que operan por horas y se desplazan constantemente han aprendido a convivir con los operativos, apostando a vender antes de ser retirados. El resultado es un desgaste permanente, sin efectos visibles en el orden urbano.
En paralelo, comerciantes formales del Centro Histórico advierten pérdidas económicas constantes derivadas de esta competencia irregular. Pagan renta, impuestos y servicios, mientras observan cómo el comercio informal ocupa puntos estratégicos sin asumir las mismas obligaciones. La autoridad insiste en que existe diálogo con todos los sectores, pero ese consenso no se refleja en el territorio. Si la comunicación es tan efectiva, ¿por qué el ambulantaje sigue marcando la dinámica cotidiana del centro?
El propio Ayuntamiento presume cifras históricas de regularización, con más de 10 mil negocios sin licencia detectados en 2025 y una recaudación cercana a los 100 millones de pesos. Sin embargo, estos datos también exhiben la magnitud del desorden previo y la normalización de la ilegalidad. Regularizar después no corrige el daño acumulado ni resuelve la ocupación irregular del espacio público, que sigue afectando al corazón de la ciudad.
Así, el discurso oficial se sostiene en números y operativos, mientras la realidad urbana cuenta otra historia. El Centro Histórico permanece atrapado entre la falta de una autoridad efectiva y una estrategia que parece limitarse a administrar el problema, no a resolverlo. Las cifras dicen una cosa; las calles, otra muy distinta.