A casi un año de haber denunciado al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Claudio N., por hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder, dos extrabajadoras de la institución afirman que las autoridades mantienen sus expedientes “detenidos” y sin resoluciones. Pese a la entrega de más de 200 pruebas, señalan que ni la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales ni el Órgano Interno de Control han impulsado diligencias sustanciales.
Las mujeres, quienes laboraron directamente bajo el mando del magistrado, presentaron simultáneamente sus denuncias el 14 de febrero de este año. Desde entonces, aseguran que la investigación permanece en punto muerto.
“Todo está como congelado. Él sigue trabajando como si nada”, denunció una de ellas.
Ambas entregaron conversaciones, ubicaciones, documentos internos y material audiovisual que, según relatan, acreditan conductas de índole sexual, presiones laborales, humillaciones y exigencias económicas. Una de las víctimas afirmó que el magistrado le solicitó pagos quincenales a cambio de ascensos, y que, al negarse, fue degradada y violentada laboralmente.
Las extrabajadoras sostienen que el comportamiento de Claudio N. era conocido al interior del Tribunal y que existían antecedentes de quejas previas. Aun así, el funcionario no solo permaneció en el cargo, sino que ocupó posiciones de alto nivel, como la presidencia del órgano. “Todo mundo sabe cómo es, y aun así lo mantienen”, afirman.
Para ellas, la protección política que el magistrado presume —“se cree muy amigo del gobernador”— ha sido un factor que frena las consecuencias administrativas y penales.
También cuestionaron la postura de la entonces magistrada presidenta, Olvido Rodríguez Vázquez, quien —aseguran— conocía desde antes su intención de denunciar. Aunque se dijo dispuesta a apoyarlas, no activó protocolos internos ni ordenó medidas de protección, lo que interpretan como una omisión deliberada.
La semana pasada, las medidas de protección finalmente fueron otorgadas. Ese mismo día, las extrabajadoras organizaron una manifestación pacífica frente al Tribunal. Según sus testimonios, la respuesta institucional favoreció al acusado: el magistrado solicitó presencia policial y fue escoltado por elementos de la Guardia Civil mientras ellas no pudieron ingresar al edificio.
“Éramos solo nosotras con cartulinas. Llegaron como ocho policías para él”, relataron.
Desde que inició el caso, han recibido llamadas de personas que dicen representar al magistrado, quienes les ofrecen “arreglos” o empleos a cambio de desistirse. Incluso aseguran haber sido seguidas e intimidadas en espacios académicos.
Además, el magistrado presentó una denuncia en su contra por el presunto robo de un expediente, algo que —afirman— él mismo había advertido que usaría como represalia.
Ambas extrabajadoras aseguran que el proceso ha deteriorado su estabilidad económica, ya que no han logrado conseguir empleo. “Estamos bloqueadas”, afirman.
En el aspecto psicológico, explican que llevan más de un año en terapia semanal. El dictamen forense de la psicóloga especialista reconoce el daño derivado del hostigamiento y del prolongado estancamiento institucional.
Las denunciantes dicen que decidieron hacer público el caso para evitar que otras trabajadoras enfrenten situaciones similares en el TEJA.
“El sistema no responde. Seguimos hostigadas y sin justicia. ¿A qué mujer le tiene que pasar para que hagan algo?”, cuestionan.
Mientras tanto, las carpetas de investigación permanecen sin resoluciones y el magistrado continúa ejerciendo su cargo.