La propuesta de aumentar la tarifa del transporte público urbano de 12.50 a 15 pesos ha generado un amplio debate en San Luis Potosí, al enfrentar las demandas de los concesionarios con la preocupación social por el impacto económico que tendría en miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio.
Los concesionarios, encabezados por Margarito Terán López, argumentan que el incremento es necesario para sostener la operación del sistema, debido al alza en combustibles, refacciones y salarios, y aseguran que sin un ajuste tarifario será complicado avanzar en la modernización de las unidades.
En contraste, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha reiterado que no existe autorización para elevar la tarifa y que cualquier decisión deberá ser producto de una negociación integral. El Ejecutivo estatal ha apostado por esquemas de apoyo financiero y proyectos como la expansión de MetroRed, con el objetivo de mejorar el servicio sin trasladar de inmediato el costo a los usuarios.
Desde el Congreso del Estado, la bancada del PAN se ha pronunciado en contra del aumento, al considerar que no hay mejoras tangibles que lo justifiquen. Los legisladores advirtieron que un “tarifazo” afectaría de manera directa a las familias de menores ingresos, para quienes el transporte representa uno de los principales gastos cotidianos.
A esta discusión se sumó la Iglesia católica, que llamó a actuar con sensibilidad social y a evitar que trabajadores y estudiantes carguen con el peso de un posible incremento. El debate sigue abierto y pone en el centro la necesidad de definir si el ajuste resolverá los problemas estructurales del transporte o solo trasladará el desgaste económico a la ciudadanía.