Ante la convocatoria para que el Consejo Directivo Universitario de la UASLP sesione el 7 de enero al mediodía con el fin de elegir a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, integrantes de la comunidad universitaria y especialistas en Derecho alertaron sobre posibles irregularidades legales si se procede en las condiciones actuales.
De acuerdo con los señalamientos, la integración de la terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo se encuentra controvertida en juicios de amparo que aún están en trámite. Aunque no existe suspensión definitiva, se subrayó que ello no valida el procedimiento ni blinda la decisión, pues una resolución de fondo podría ordenar la reposición del proceso por violaciones al principio de legalidad.
Los especialistas recordaron que la autonomía universitaria no coloca a la institución al margen de la Constitución. En su carácter de autoridad, los actos de la Universidad deben cumplir con legalidad y seguridad jurídica, especialmente cuando se trata de designaciones directivas.
En este contexto, se advirtió que no es procedente aplicar el artículo 82 del Estatuto Orgánico, previsto para un escenario ordinario, cuando la Facultad atraviesa un periodo extraordinario. En cambio, se señaló que el artículo 85 permite al CDU realizar una designación directa de carácter provisional, precisamente para preservar la estabilidad institucional mientras se resuelven las controversias.
También se hizo énfasis en que el encargo interino vigente habría excedido el plazo establecido, lo que agrava la necesidad de una solución jurídica firme que evite la acumulación de vicios en la conducción académica.
El llamado final fue a que el Consejo Directivo Universitario evite votar una terna impugnada y, en uso de sus atribuciones, valore perfiles de manera amplia y realice una designación provisional conforme al estatuto, privilegiando la legalidad y la gobernabilidad de la Facultad.