El Observatorio Indígena Mesoamericano lanzó una crítica directa al cambio de discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la prohibición del fracking en la Huasteca. En un comunicado dirigido a la opinión pública, el organismo sostiene que las declaraciones del 18 de febrero de 2026 representan un claro retroceso frente al compromiso asumido en campaña de no utilizar la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

De acuerdo con el documento firmado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, la afirmación de que el gas no convencional está “a discusión” contradice uno de los compromisos centrales de los llamados “100 puntos” presidenciales. Para el Observatorio, abrir la puerta a evaluar tecnologías alternativas constituye una estrategia discursiva que intenta suavizar el término fracking sin modificar su esencia técnica. Señalan que la fracturación hidráulica, por definición, implica romper la roca mediante inyección de fluidos a alta presión, lo que mantiene riesgos como sismicidad inducida, liberación de metano y afectaciones hídricas.

El organismo también cuestiona el argumento de soberanía energética expuesto por la mandataria, quien justificó la discusión ante la alta dependencia del gas importado desde Texas. A juicio del Observatorio, sustituir la dependencia del gas extranjero por la dependencia tecnológica de empresas especializadas no representa una verdadera soberanía, sino un traslado del problema. Además, advierten que hablar de reciclaje total de agua resulta técnicamente cuestionable, ya que el proceso requiere grandes volúmenes iniciales y genera residuos que pueden impactar ríos y acuíferos en una región donde el agua es base de la vida comunitaria.

Finalmente, el Observatorio considera insostenible la promesa de realizar proyectos en zonas sin población cercana dentro de la Cuenca Tampico Misantla y la Huasteca, caracterizadas por alta densidad de comunidades indígenas y rurales. También advierte una contradicción política de fondo entre proyectar metas nacionales de producción y afirmar que la decisión aún no está tomada ni dependerá de la aceptación comunitaria. Para el organismo, el discurso presidencial deja entrever que las decisiones estratégicas ya están encaminadas y que la consulta podría convertirse en un trámite frente a un modelo extractivo que, aseguran, pondría en riesgo el territorio y los derechos de los pueblos originarios.