San Luis Potosí cerró 2025 con un saldo incómodo. No fue solo un año fiscal el que concluyó, fue una etapa marcada por observaciones millonarias, omisiones reiteradas y un silencio institucional que hoy pesa más que cualquier cifra. La revisión de la cuenta pública dejó algo más que números: dejó al descubierto un sistema de vigilancia frágil sobre el uso de los recursos públicos.

El informe es contundente. Seis municipios concentran las irregularidades más cuantiosas detectadas por el órgano fiscalizador. San Luis Potosí capital encabeza la lista con 446 millones de pesos observados, una cifra que por sí sola supera ampliamente a Santa María del Río, que acumula 51.5 millones; Villa de Reyes, con 9.5; Zaragoza, con 8.5; Cerro de San Pedro, con 5.3, y Mexquitic de Carmona, con 4.6 millones de pesos.

Pero más allá del ranking financiero, el informe dibuja una radiografía preocupante sobre la rendición de cuentas en la entidad.

El caso de la capital resulta especialmente delicado. Mientras el informe financiero coloca a San Luis Potosí como el municipio con mayores anomalías, la ciudad enfrenta problemas que van mucho más allá del papel. La inseguridad persiste, la obra pública es prácticamente imperceptible y numerosas colonias sobreviven en el abandono administrativo. Bajo el mando del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el discurso oficial insiste en el control y la estabilidad, pero en la realidad cotidiana el crimen ha ganado terreno y la confianza ciudadana se ha ido diluyendo. A este escenario se suman señalamientos sobre empresas fachada y presuntos actos de corrupción, elementos que han puesto bajo sospecha el manejo del erario municipal y han encendido las alertas tanto políticas como sociales.

Santa María del Río tampoco escapa al escrutinio. Gobernado por Morena, el municipio enfrenta cuestionamientos por una gestión envuelta en opacidad. La alcaldesa Isis Ayde Díaz Hernández ha sostenido un discurso de transparencia que no logra sostenerse en los hechos. Su primer Informe de Gobierno, realizado a puerta cerrada, terminó por profundizar la desconfianza ciudadana.

En Villa de Reyes, las observaciones financieras se cruzan con una crisis de seguridad no resuelta. El alcalde Ismael Hernández Martínez quedó bajo la lupa tras la detención, en 2025, de su ex director de Policía Municipal, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y posesión de droga. Lejos de deslindarse, el edil optó por justificarlo, lo que agravó el descontento social, ya golpeado por denuncias sobre el acceso al agua y audios donde se hablaba de castigos colectivos a la población.

En un estado donde la credibilidad de las autoridades se ha erosionado, el desafío ya no es únicamente recuperar recursos, sino reconstruir la confianza de una ciudadanía cansada de ver cómo el dinero público se diluye sin respuestas claras.