Aunque el Congreso del Estado aprobó una nueva ley para combatir la extorsión, la reforma deja al descubierto un problema estructural que no ha sido atendido: la corrupción y la permisividad dentro del sistema penitenciario, particularmente en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, señalado desde hace años como un foco rojo en la comisión de este delito.
La legislación establece el reforzamiento de controles en los centros penitenciarios para impedir llamadas, mensajes y cualquier tipo de comunicación ilegal, sobre todo en el caso de personas sentenciadas por extorsión. Además, contempla sanciones administrativas graves para las personas servidoras públicas que incumplan estas obligaciones. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la norma llega tarde y resulta insuficiente frente a una realidad ampliamente documentada.
La organización Ciudadanos Observando fue contundente al señalar que el verdadero problema no es la falta de leyes, sino la tolerancia institucional que ha permitido que desde el interior de La Pila se realicen extorsiones durante años, incluso cuando el penal cuenta con al menos dos inhibidores de señal de telefonía celular.
“Si existen inhibidores y aun así se extorsiona, el problema no es técnico, es de corrupción”, advirtió la organización, al subrayar que los equipos no funcionan, se evaden deliberadamente o simplemente se permite el uso de teléfonos celulares con la complicidad del personal penitenciario.
Ciudadanos Observando recordó que la mayoría de las extorsiones en México se originan dentro de las cárceles, donde grupos criminales mantienen el control de redes delictivas completas: realizan llamadas, envían amenazas, coordinan cobros y ordenan acciones desde el encierro. Mientras tanto, policías de investigación y corporaciones locales persiguen en el exterior un delito cuya raíz se encuentra dentro de los penales.
En ese contexto, la nueva ley, aunque necesaria, evidencia el fracaso histórico del sistema penitenciario, que no ha sido capaz, o no ha querido, cortar las comunicaciones ilegales ni desmantelar las estructuras criminales que operan desde prisión.
Para la organización, combatir realmente la extorsión exige una reforma penitenciaria de fondo, que incluya tecnología eficaz y supervisada, controles estrictos al ingreso de dispositivos, separación de líderes criminales, auditorías permanentes al personal y, sobre todo, investigaciones reales contra la corrupción interna, ya que muchas extorsiones se realizan con la presunta complicidad de custodios y funcionarios. Sin un control efectivo de los centros penitenciarios, advirtieron, la nueva ley corre el riesgo de convertirse en una simulación. “Es como intentar apagar un incendio sin cerrar la fuente del fuego. Se ataca el efecto, pero no la causa”, señalaron, al insistir en que La Pila sigue siendo un ejemplo claro de cómo la permisividad oficial permite que la extorsión opere con total impunidad desde el interior de una prisión estatal.