La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que concluyó el procedimiento administrativo relacionado con el caso del antro Rich, hecho que generó una amplia polémica pública tras la tragedia ocurrida en dicho establecimiento. De acuerdo con la autoridad municipal, el expediente fue cerrado una vez que se determinaron sanciones administrativas y se cumplió con el marco normativo aplicable, quedando ahora el asunto en manos de los tribunales correspondientes.
Según lo dado a conocer, las sanciones impuestas a servidores públicos involucrados consisten en suspensiones que van de seis meses a un año. La Contraloría sostuvo que estas medidas derivan de las faltas detectadas durante la investigación interna, aclarando que el alcance de sus atribuciones se limita al ámbito administrativo, por lo que cualquier otra responsabilidad deberá ser determinada por instancias judiciales.
No obstante, la resolución generó reacciones encontradas, principalmente entre familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil, quienes consideran que las sanciones resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos. También se ha señalado la falta de información detallada sobre los criterios utilizados para fincar responsabilidades, así como la ausencia de nombres y funciones específicas de los funcionarios sancionados.
En el contexto del caso, se recordó que durante las primeras etapas de la investigación surgieron versiones oficiales que apuntaban a decisiones individuales como factores determinantes, lo que fue interpretado por algunos actores como un intento de diluir la responsabilidad institucional. Con el cierre del expediente interno, dichas posturas vuelven a ser objeto de cuestionamiento público.
La Contraloría reiteró que el procedimiento administrativo está concluido y que corresponde ahora a las autoridades judiciales resolver las impugnaciones presentadas por los funcionarios sancionados y determinar si existen responsabilidades adicionales. Mientras tanto, el caso Rich continúa siendo un referente en el debate local sobre supervisión, rendición de cuentas y alcances de la justicia administrativa en hechos de alto impacto social.