POR: PORFIRIO M. LÓPEZ
El sector agropecuario y las organizaciones de transportistas del país están en manos de las bandas de crimen organizado. Esa es la realidad que vienen denunciando desde hace años. Primero fue la competitividad y la producción por hectárea cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC), después fueron los recortes presupuestales en materia de infraestructura y apoyo al agro mexicano, y recientemente fue el completo abandono del campo y las carreteras que dieron paso a la presencia de bandas de crimen organizado que mantienen controlado el precio de los productos agropecuarios y diversos tramos carreteros. De ahí que organizaciones agrícolas y transportistas se hayan unido en un bloqueo nacional de autopistas, carreteras y aduanas.
En los últimos siete años que se autodenominaron de transformación y de atención a las causas, ni se transformó nada, ni se atendieron las causas; al contrario, las cosechas, las huertas, los hatos ganaderos, los camioneros y traileros han experimentado el azote incesante de bandas delincuenciales. De muy poco valieron los dichos del sexenio pasado de combate a la corrupción; incluso en el actual sexenio a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo los reiterados anuncios de despliegue de efectivos militares, de la Marina y de la Guardia Nacional, no han tenido resultados que indiquen el debilitamiento de la violencia criminal.
Programas implementados en el sexenio pasado y que se quedaron como herencia en el gobierno federal actual, como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Básicos, Crédito Ganadero a la Palabra, Apoyo a Pequeños Productores, Bienpesca, Abasto Rural, Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, no tuvieron el impacto deseado para elevar la productividad por hectárea, para incrementar la competitividad agrícola, para impulsar la infraestructura hídrica que requiere el campo y para hacer frente a la importación de granos básicos. El sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió suficiencia y seguridad alimentaria, pero no cumplió ni una ni otra cosa.
En el último sexenio y en este año que está por terminar, el sector agropecuario se ha visto forzado a pagar un denominado “impuesto criminal” o también llamado “cobro de piso” que consiste en el acaparamiento de toda la cadena de valor del sector. Los grupos criminales que tienen presencia en entidades como Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Jalisco o Puebla, ponen cuotas que llegan hasta el 30 por ciento del valor de la producción, ya sea por sembrar, cosechar, comercializar y transportar sus productos agrícolas.
Cuando los productores no acceden a sus demandas simplemente los amenazan, los levantan, los secuestran y en el caso extremo los asesinan, como ha ocurrido recientemente con Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero en Apatzingán, Michoacán; con Javier Vargas Arias, empresario citrícola en Álamo, Veracruz; y con Rubén Cruz Sagastume, líder ganadero en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
Para ilustrar el tamaño del delito, por ejemplo, en Michoacán el crimen organizado obtiene por cobro de piso a productores limoneros y aguacateros ganancias de mil 800 millones de pesos anuales y en el caso de Puebla en la zona de la mixteca la extorsión a productores agrícolas creció a 45 por ciento, que consiste en el pago mensual de cuotas que van de los 3 mil a los 10 mil pesos dependiendo de tipo de cultivo, tamaño de la parcela y capacidad económica del productor.
De forma paralela a la extorsión que padecen los agricultores, los empresarios de transporte de carga viven una situación similar. Diariamente ocurren 70 robos a operadores de vehículos de carga, a ello hay que sumar la extorsión en los retenes que instalan tanto las autoridades como los grupos delincuenciales, además de los más grave, los homicidios de conductores cometidos por grupos de delincuencia organizada.
Los datos disponibles revelan la inseguridad que acecha diariamente al sector transportista. Ocho de cada diez robos al transporte de carga son con violencia. Estadísticas del año 2023 indican que 150 conductores fueron asesinados durante el robo de mercancías, a septiembre de 2024 se habían registrado 7 mil 800 secuestros de choferes y camiones de carga, al cierre del 2024 los robos de carga superaron los 24 mil casos, a enero de 2025 el delito de robo a camiones de carga se elevó 16 por ciento. El 84 por ciento de los casos de robo al sector transporte ocurre en los estados de Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz.
Ante el panorama que viven los agricultores y los transportistas, el gobierno federal en voz de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Gobernación, desestimo la protesta y la toma de carreteras. En lugar de mostrar empatía con los manifestantes aseguró que los líderes de esa protesta tienen motivaciones políticas, que muchos de ellos son miembros de partidos políticos opositores y que tienen carpetas de investigación por la toma de carreteras.
Finalmente, el gobierno federal no está viendo la crisis del sector agropecuario y transportista, igual que ha ocurrido con otros problemas nacionales, el gobierno del autodenominado Segundo Piso de la Transformación desestima, hostiga, criminaliza, reprende, acusa, tacha, se envuelve en su doctrina heredada, repite el mismo discurso, echa culpas al pasado, habla de recuperar privilegios y niega la realidad que se vive en el país. De ese tamaño su indolencia y de ese tamaño su indiferencia.