Las comunidades indígenas de Tampaxal, en el municipio de Aquismón, y Piaxtla, en Tancanhuitz, recibieron finalmente los recursos del FAISPIAM 2025 luego de desistir del amparo que mantenían ante el Juzgado Séptimo de Distrito, lo que permitió desbloquear las transferencias directas a través del Banco del Bienestar para la ejecución de obras de agua potable, drenaje y electrificación.
La determinación fue avalada en asamblea comunitaria, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Constitución, con el argumento de priorizar el desarrollo autónomo y la atención a necesidades básicas. No obstante, personas directamente afectadas en ambas comunidades denunciaron ante este medio de comunicación presuntas irregularidades en la operación del programa y solicitaron la reserva de su identidad por temor a represalias.
De acuerdo con estos testimonios, funcionarios de la Secretaría de Bienestar, identificados como Arturo Piña y José Corpus, habrían condicionado la entrega de los recursos, presuntamente exigiendo porcentajes económicos por cada proyecto e intentando imponer constructores previamente designados. Asimismo, señalaron que a finales de 2025 Arturo Piña sostuvo reuniones con contratistas a quienes habría comisionado obras a cambio de “moches”, lo que derivó en la Huasteca Sur en trabajos inconclusos o de mala calidad.
Las personas denunciantes llamaron a que se inicie una investigación para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y preservar la autonomía de los pueblos indígenas.
Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha emitido una postura oficial, mientras que las comunidades reiteran su exigencia de respeto a sus usos y costumbres en la aplicación de los programas federales.
