A través de un escrito dirigido a la opinión pública, el Frente Cívico Potosino denunció que el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos busca involucrar al Cabildo en un acto ilegal, al pretender pagar doce millones de pesos a varios ejidatarios, como reparación de un supuesto daño que en realidad no ha sido determinado por ningún juez.
“Aún no se resuelve en lo legal y no existe ninguna sentencia que acredite que los ejidatarios son dueños de las calles sobre las cuales la administración municipal 2018-2021 construyó un puente (sobre Río Españita)”, se lee en el comunicado.
EN LO OSCURITO
El FCP advierte que “de espaldas a la ciudadanía, Galindo Ceballos firmó un contrato de ´promesa de compra[1]venta´ con los ejidatarios, en el que se comprometió a pagarles doce millones de pesos incluyendo una cláusula de confidencialidad con la intención de ocultarle a los potosinos el destino de dichos recursos”.
¿Por qué el Ayuntamiento de San Luis Potosí está dispuesto a pagar 12 millones de pesos antes de que un juez resuelva si quienes dicen ser dueños de los terrenos, son o no los propietarios?
“Aunque han querido argumentar que se trata de un acto de justicia y de reparación de daños, en realidad es un asunto con trasfondo político con el cual buscan evitar que el Juzgado de Distrito estudie a detalle el caso y resuelva si el puente construido en la administración 2018-2021 afectó los terrenos de los ejidatarios o no”, se explica en el escrito.
“Si resulta que no hubo ningún daño, el Ayuntamiento no deberá pagar ni un solo peso; esto lo saben y por eso resulta todavía más extraño que el equipo de Galindo Ceballos, junto con los ejidatarios, intentaran que el Juzgado de Distrito aceptara el contrato de promesa de compra-venta para dar por concluido el caso, afectando las finanzas públicas al no existir certeza sobre la propiedad de los terrenos, y sentando un mal precedente”, dice el comunicado del FCP.
Finalmente, el Frente Cívico Potosino lanza una exigencia a través de su carta:
“Exigimos que no se utilice a la justicia y a los derechos humanos como escudo para disponer de recursos públicos de forma ilegal con la única intención de golpear políticamente a sus adversarios. Los integrantes del Cabildo deben saber que los están arrastrando a la comisión de actos contrarios a derecho que podrían derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y penal. Los recursos de los potosinos no se pueden entregar arbitrariamente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe esperar a que los procedimientos que iniciaron desde la administración 2018-2021 concluyan para que sea un Juez y no un político quien, con base en todas las pruebas aportaron ambas partes, resuelva conforme a derecho y no a capricho o conveniencia”.
