Comunidades indígenas residentes en San Luis Potosí denunciaron haber sido excluidas de la consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada para garantizar derechos que, según acusaron, el propio Estado mexicano continúa vulnerando.
En un pronunciamiento firmado el lunes 12 de octubre, representantes de las comunidades mazahua, mixteca baja y otomí señalaron que no fueron convocadas a participar en un procedimiento que definirá aspectos fundamentales de su reconocimiento jurídico, organización y vida comunitaria.
La denuncia exhibe una contradicción de fondo. Las autoridades promueven una legislación sobre derechos indígenas mientras comunidades directamente involucradas aseguran haber quedado fuera de su elaboración.
Los representantes acusaron al Estado mexicano de mantener prácticas de discriminación, invisibilización y exclusión institucional que, sostuvieron, constituyen una violación sistemática de sus derechos humanos y colectivos.
También cuestionaron que el acceso a mecanismos de participación dependa de registros administrativos, al advertir que residir fuera de sus territorios ancestrales no elimina su identidad ni sus derechos.
El señalamiento coincide con las críticas del Observatorio Indígena Mesoamericano, que ha denunciado presuntas prácticas de simulación e imposición en el proceso de consulta promovido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El pronunciamiento fue suscrito por Joaquín Martínez García, Narciso Mendoza López y Juana Francisco Juan, representantes de las tres comunidades, quienes rechazaron que el reconocimiento indígena se limite a discursos oficiales mientras persisten obstáculos para ejercer sus derechos.
