La Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el Instituto Federal de Defensoría Pública acordaron una ruta de trabajo para revisar casos de personas privadas de la libertad que requieran orientación o representación jurídica. El proceso contempla los centros estatales de reinserción social de las cuatro regiones.
La revisión incluirá expedientes de personas que puedan acceder a beneficios establecidos en la legislación, entre ellos la preliberación, además de casos de personas indígenas y adultas mayores. La atención estará dirigida principalmente a quienes no cuentan con recursos para contratar representación legal particular.
De acuerdo con la Defensoría Pública estatal, las jornadas de orientación jurídica que ya se realizan dentro de los centros penitenciarios continuarán como parte de este esquema de atención conjunta.
En la reunión participaron representantes de Prevención y Reinserción Social y del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes acordaron mantener mecanismos de coordinación para dar seguimiento a los casos que requieran asistencia jurídica.
