Lo que debió ser una fiesta privada terminó exhibiendo el uso de trabajadores de la SEDARH en una propiedad particular de su titular, Jorge Luis Díaz Salinas. La irregularidad fue reconocida por la propia Contraloría General del Estado.
Sin embargo, la investigación concentró la responsabilidad operativa en un subordinado, mientras Díaz Salinas enfrentó consecuencias limitadas. La explicación deja una duda difícil de resolver. Trabajadores públicos terminaron realizando actividades particulares en una propiedad del titular de la dependencia, pero la responsabilidad principal recayó en alguien debajo de él.
El caso cobra mayor relevancia porque la Ley de Responsabilidades Administrativas de San Luis Potosí contempla el desvío de recursos humanos, materiales o financieros entre las faltas graves cuando se actualizan los supuestos establecidos en la legislación.
La Contraloría debe explicar cómo calificó jurídicamente los hechos y por qué descartó una falta grave.
Los trabajadores públicos están para servir a la ciudadanía, no para atender propiedades particulares de sus superiores. La irregularidad existió y lo que sigue bajo cuestionamiento es hasta dónde llegaron realmente las responsabilidades.
