Un pasivo fiscal por 1,615.1 millones de pesos, relacionado con ISR retenido a trabajadores del Gobierno de San Luis Potosí durante 2018, permanece pendiente y ahora deberá ser atendido por la actual administración estatal.
El adeudo se originó durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López y corresponde a retenciones del Impuesto Sobre la Renta que no habrían sido enteradas al SAT.
Hasta ahora no se ha informado públicamente qué ocurrió con esos recursos ni por qué, después de ser descontados a los trabajadores, no fueron entregados a la autoridad fiscal.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que su administración revisará primero las implicaciones legales del adeudo antes de determinar, junto con la Secretaría de Finanzas, el mecanismo para atenderlo.
“Nosotros vamos a revisar primero todo el tema legal de esa deuda, de la administración de Juan Manuel Carreras. Vamos a puntualizar muchas partes legales, primero”, declaró.
El asunto tomó relevancia después de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desestimara los argumentos promovidos por el Gobierno estatal dentro del procedimiento relacionado con el adeudo.
Gallardo sostuvo que el eventual pago de la obligación, superior a los 1,600 millones de pesos, no deberá afectar los recursos destinados a infraestructura y obra pública.
La Secretaría de Finanzas definirá la estrategia para enfrentar el pasivo una vez que concluya la revisión jurídica anunciada por el Gobierno estatal.
