Consejeras y consejeros nacionales indígenas de San Luis Potosí rechazaron el documento de trabajo para una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que contiene retrocesos en autonomía, territorio, justicia comunitaria y acceso directo a recursos públicos.
Representantes de los pueblos Náhuatl y Tének también desconocieron el proceso de consulta impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al señalar que las sedes, convocatorias y llamadas “Asambleas Regionales” limitan la participación directa de las comunidades.
Entre sus inconformidades señalaron que Ciudad Valles y Tamazunchale fueron designadas como sedes para concentrar a cientos de comunidades de la Huasteca, pese a que previamente se había acordado establecer una sede en Tancanhuitz.
Además, denunciaron que su oposición a proyectos como el Acueducto Pánuco–Cerro Prieto y al fracking ha generado exclusión y estigmatización de representantes comunitarios.
En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión y al INPI, exigieron retirar el documento, rehacer la consulta mediante asambleas comunitarias y establecer una mesa de trabajo directa para construir una nueva propuesta.
También solicitaron una respuesta formal por escrito con fundamento en su derecho constitucional de petición.
