No puedo aceptar como normal que en México un periodista salga a trabajar sin saber si regresará a casa. Entre enero de 2025 y julio de 2026, al menos 16 comunicadores fueron asesinados, según Reporteros Sin Fronteras. No son cifras frías ni simples expedientes: eran personas que investigaban, denunciaban y contaban aquello que algunos querían mantener oculto. Cada crimen representa una voz apagada y una advertencia brutal para quienes todavía se atreven a informar.
Me indigna escuchar discursos oficiales sobre libertad de expresión mientras continúan las amenazas, las agresiones y los asesinatos. Las autoridades prometen protección, pero los mecanismos fallan; anuncian investigaciones, pero los casos se estancan; condenan públicamente los ataques, pero la impunidad permanece. Cuando matar a un periodista no tiene consecuencias, el mensaje para los agresores es claro: pueden seguir silenciando voces sin temor a la justicia.
Yo no veo una democracia plena en un país donde informar puede convertirse en una sentencia de muerte. Cuando asesinan a un periodista también nos quitan a todos el derecho de conocer la verdad, exigir cuentas y entender lo que sucede a nuestro alrededor. El silencio que deja cada víctima beneficia a corruptos, criminales y funcionarios abusivos. Mientras el Estado no garantice justicia y seguridad para la prensa, México seguirá siendo un país donde decir la verdad puede costar la vida.
