Han pasado más de tres semanas desde la detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso y el resultado sigue siendo el mismo. La investigación permanece encerrada en los escritorios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin una fecha para concluir y sin respuestas que permitan saber si los policías involucrados enfrentarán alguna consecuencia.
Las autoridades aseguran que el expediente continúa en análisis y que aún revisan las versiones de todas las partes. Sin embargo, el tiempo transcurre sin que exista un avance público que permita conocer si el procedimiento realmente avanza hacia una resolución o simplemente se prolonga de manera indefinida.
La ausencia de resultados fortalece una percepción que suele repetirse cuando una corporación investiga a sus propios integrantes. Los procesos parecen avanzar con una lentitud difícil de justificar, mientras la exigencia ciudadana de rendición de cuentas queda atrapada entre trámites internos y declaraciones oficiales.
Hasta ahora no existe una fecha para conocer la resolución del caso ni información que permita medir el avance real de la investigación. Esa falta de certeza alimenta las dudas sobre la capacidad de las instituciones para investigar con oportunidad y transparencia cuando las denuncias apuntan hacia quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
Cada día que pasa sin una conclusión debilita la confianza pública y fortalece la exigencia de que este caso deje de ser un expediente abierto sin rumbo y se convierta en una investigación con resultados verificables.
