Las autoridades tradicionales, comunitarias y agrarias de la Huasteca Potosina lanzaron un severo pronunciamiento contra el Gobierno Federal al acusar directamente a la Presidencia de la República de operar, «en la clandestinidad», una estrategia para impulsar el fracking a espaldas de los pueblos indígenas y de la opinión pública.
En el documento, firmado este 7 de julio en San Antonio, aseguran que «reprueban de forma unánime el trabajo sucio que la Presidencia de la República está operando en la clandestinidad», al sostener que desde el círculo cercano del Ejecutivo se impulsa un fideicomiso para facilitar la inversión privada en proyectos energéticos. Al mismo tiempo, reiteran que su rechazo al fracking es absoluto, unánime e innegociable, y advierten que no permitirán que esta práctica sea presentada bajo otros nombres o mecanismos.
Las comunidades también acusan al Gobierno Federal de incumplir su compromiso de prohibir el fracking y sostienen que el discurso oficial busca legitimar esa práctica mediante un supuesto respaldo científico. Además, denuncian que operadores de Pemex intentan dividir a las comunidades y afirman que cualquier consulta relacionada con estos proyectos carece de legitimidad porque «el territorio no tiene el consentimiento».
Como parte de sus exigencias, llamaron a los ayuntamientos de la Huasteca Potosina a no firmar, sellar ni validar autorizaciones para el uso de explosivos u otros actos relacionados con proyectos extractivos de Pemex. Asimismo, solicitaron convocar a Cabildos Abiertos para decretar el no cambio de uso de suelo con fines extractivos en sus municipios.
