Hace dos años, Rodrigo Lecourtois prometió que los exdiputados locales señalados por graves irregularidades no quedarían impunes. Aseguró que reactivaría las investigaciones, que actuaría con firmeza y que demostraría que en San Luis Potosí no había intocables. Hoy, esas palabras parecen una burla para la ciudadanía.
Los señalamientos relacionados con la LXI Legislatura no son menores. Se documentó el uso de empresas fantasma, documentos falsos y firmas falsificadas, incluso de personas fallecidas, para desviar millones de pesos que debían destinarse a apoyos sociales. Recursos públicos que tenían que llegar a familias necesitadas terminaron en los bolsillos de personas corruptas mediante operaciones irregulares. Frente a hechos de esta gravedad, la autoridad no podía permanecer pasiva. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió.
José Luis Romero Calzada, Óscar Bautista Villegas, Graciela Gaitán y Sergio Desfassiux Cabello han sido mencionados en distintos señalamientos y observaciones que, de acuerdo con la información conocida públicamente, no fueron aclarados en su momento y debieron derivar en consecuencias. Pese a ello, no se observan avances firmes ni una actuación proporcional a la gravedad de las acusaciones.
La ciudadanía tiene razones para sentirse engañada. Rodrigo Lecourtois no solo incumplió su palabra, sino que también debilitó la confianza en una institución cuya responsabilidad era defender el dinero público.
Prometió investigaciones y entregó indiferencia. Prometió sanciones y permitió que la impunidad continuara. Prometió que nadie estaría por encima de la ley, pero su actuación demuestra lo contrario.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, al encubrir a estos personajes, dejará su gestión marcada por una promesa incumplida y por la protección de una impunidad que juró combatir.
Su palabra perdió valor porque los hechos la desmintieron.
