La discusión sobre la llamada “Ley Serrano” dejó de centrarse sólo en la regulación de la Inteligencia Artificial y comenzó a enredarse entre protestas, acusaciones y jaloneos políticos.
La iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, fue presentada con el argumento de abrir el debate sobre los riesgos del uso de herramientas de Inteligencia Artificial, sobre todo aquellas capaces de alterar imágenes, clonar voces, fabricar videos falsos o manipular contenido.
Sin embargo, la conversación pública comenzó a desviarse del fondo del tema.
La protesta organizada para exigir que la propuesta sea retirada reunió a administradores de páginas digitales, periodistas, reporteros, además de funcionarios y exfuncionarios públicos. En medio de esa movilización, Serrano sostuvo que detrás de la marcha habría una motivación política y señaló, desde su percepción, al alcalde Enrique Galindo Ceballos.
“Comprendo que hay una motivación política; ahí están muy claras las manos y hay una gran motivación política. Vi a empleados del Ayuntamiento; sin duda el presidente Enrique Galindo tuvo que ver en el tema de la marcha, es mi percepción y opinión”, declaró.
A partir de ahí, el debate dejó de enfocarse sólo en la iniciativa y comenzó a cargarse hacia las acusaciones sobre quién está detrás de las protestas y qué intereses políticos se están jugando alrededor del tema.
Mientras eso ocurre, la discusión de fondo sigue sin resolverse. Por un lado, están quienes exigen tumbar por completo la propuesta al considerar que puede poner en riesgo la libertad de expresión; del otro, se mantiene la postura de que sí es necesario legislar sobre Inteligencia Artificial ante el crecimiento de herramientas capaces de manipular audios, videos, imágenes e identidades.
