La irrupción al Congreso del Estado durante la protesta contra la llamada “Ley Serrano” dejó algo más que la suspensión de la sesión legislativa. Durante la movilización fueron identificados perfiles vinculados previamente a la administración municipal de la capital que encabeza Enrique Galindo Ceballos, así como operadores cercanos a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca posicionarse rumbo a la candidatura al Gobierno del Estado.

Entre los involucrados fueron identificados exfuncionarios y colaboradores cercanos al ayuntamiento capitalino, lo que alimentó versiones sobre una posible operación política detrás de la convocatoria. A ellos se sumaron perfiles ligados al entorno de Sánchez Zumaya, además de administradores de páginas y cuentas en redes sociales que suelen ostentarse como periodistas y que impulsaron mediáticamente la movilización.

Asimismo, se reportaron momentos de tensión durante el ingreso al Congreso, donde personal del recinto denunció agresiones y daños en accesos del edificio. Los hechos reforzaron los señalamientos sobre la presencia de operadores políticos y grupos ajenos a la convocatoria original, una versión que, hasta el momento, no ha sido desmentida por los organizadores de la marcha.