Horas después de que familiares y testigos denunciaran la presunta privación de la libertad de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso por parte de elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que lo ocurrido fue resultado de un «malentendido» y anunció una revisión de la actuación de los agentes involucrados.
El domingo se reportó que García Valdivieso fue interceptada por policías municipales al salir de un retiro espiritual en el Hogar del Niño y trasladada al Juzgado Cívico. Familiares y testigos denunciaron el uso de la fuerza y cuestionaron la falta de información sobre las razones de su aseguramiento, por lo que exigieron la intervención de organismos de derechos humanos.
La denuncia llamó la atención debido a la trayectoria de la abogada, reconocida por su participación en distintas causas sociales y en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad.
Este lunes, el alcalde de la capital potosina sostuvo que los policías se encontraban atendiendo una situación distinta relacionada con la revisión de un joven, luego de recibir reportes ciudadanos sobre posibles conductas irregulares en la zona.
De acuerdo con la versión expuesta por el Ayuntamiento, García Valdivieso intervino para conocer lo que estaba ocurriendo y brindar apoyo al joven, situación que derivó en una confrontación con los elementos municipales.
Galindo reconoció que los acontecimientos no debieron llegar al nivel que alcanzaron y señaló que el gobierno municipal analizará el procedimiento aplicado por los agentes para determinar si actuaron conforme a los protocolos institucionales y al marco legal.
El presidente municipal también informó que, tras los hechos, distintas áreas de la administración mantuvieron comunicación con la defensora para conocer directamente su versión de lo sucedido.
Respecto al origen de la intervención policial, explicó que los elementos actuaron a partir de reportes vecinales y de comportamientos que consideraron inusuales. Sin embargo, admitió que cualquier actuación de la autoridad debe sustentarse en criterios objetivos y apegarse plenamente al respeto de los derechos fundamentales.
La revisión interna anunciada por el Ayuntamiento buscará establecer si existieron irregularidades en la actuación de los policías y si es necesario realizar ajustes en los protocolos de intervención.
Lo que el domingo fue denunciado públicamente como una privación de la libertad de una defensora de derechos humanos, este lunes fue explicado por la autoridad municipal como un malentendido. Ahora será la propia revisión interna la que determine si la actuación de los agentes se ajustó o no a los procedimientos establecidos.
