La liberación de Eréndira Aguillón y Alejandra Hermosillo no puso fin a los cuestionamientos sobre la llamada “Ley Serrano”, una legislación relacionada con el uso de inteligencia artificial que actualmente enfrenta una impugnación constitucional.
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, confirmó que ambas ciudadanas obtuvieron su libertad mediante una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que mantiene abierto el caso durante un año y establece condiciones como la reparación del daño.
La funcionaria aclaró que este mecanismo no representa una aceptación de culpabilidad por parte de las imputadas.
El caso ha colocado nuevamente la atención sobre una reforma penal cuya constitucionalidad será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras la Fiscalía sostiene que la ley respeta la libertad de expresión, organismos defensores de derechos humanos han advertido sobre posibles efectos en periodistas, activistas, creadores de contenido y usuarios de plataformas digitales.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, reconoció que la legislación podría modificarse si así lo determina la Corte.
La intervención de instancias federales y los pronunciamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión llevaron el caso más allá de San Luis Potosí, convirtiéndolo en una referencia nacional sobre los alcances de una ley creada para sancionar contenidos manipulados mediante inteligencia artificial y su relación con la libertad de expresión.
