Héctor Serrano Cortés pertenece a ese grupo de políticos que parecen no entender la crítica como parte esencial de la democracia. Todo indica que considera la crítica un problema que debe regularse.
Primero impulsó una legislación presentada bajo la bandera de combatir los abusos relacionados con la inteligencia artificial.
La llamada Ley Serrano dejó abiertas disposiciones que hoy generan preocupación entre periodistas, activistas y ciudadanos. Lo que supuestamente nació para proteger a niñas, niños y mujeres frente a contenidos manipulados o delitos digitales, terminó abriendo la puerta a posibles interpretaciones que podrían utilizarse para perseguir, intimidar o censurar voces críticas.
Lo lógico habría sido escuchar las observaciones, corregir los errores y cerrar cualquier resquicio que permitiera un uso represivo de la ley. Sin embargo, el diputado parece decidido a avanzar en sentido contrario.
Ahora anuncia nuevas iniciativas para regular medios digitales, portales informativos, redes sociales y contenidos generados mediante inteligencia artificial. El discurso resulta atractivo: combatir noticias falsas, garantizar el derecho de réplica y establecer reglas para el entorno digital.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién va a decidir qué es verdad y qué es mentira?
Porque cuando el poder político pretende convertirse en árbitro de la información, el riesgo para la libertad de expresión deja de ser una posibilidad y se convierte en una amenaza real.
La experiencia demuestra que las leyes ambiguas rara vez terminan afectando a quienes gobiernan. Con frecuencia se utilizan contra quienes cuestionan, investigan, denuncian o exhiben hechos incómodos para el poder.
Resulta particularmente contradictorio que estas propuestas provengan de un integrante de una clase política que ya dispone de ventajas que el ciudadano común no tiene. Los diputados cuentan con tribunas oficiales, recursos públicos, equipos de comunicación, acceso permanente a medios y protección institucional. Pueden responder cualquier señalamiento desde múltiples plataformas.
El ciudadano, el periodista independiente o el activista únicamente cuentan con su voz. Y, al parecer, esa voz también les incomoda.
Lo preocupante no es solamente la iniciativa. Lo preocupante es la visión que parece existir detrás de ella: la idea de que los problemas de la política no se resuelven con transparencia, rendición de cuentas o mejores gobiernos, sino mediante una mayor regulación sobre quienes informan.
Héctor Serrano tiene derecho a presentar las iniciativas que considere pertinentes. Para eso fue electo diputado. Lo que no puede esperar es que la sociedad permanezca en silencio mientras se discuten proyectos que podrían afectar derechos fundamentales.
Porque cuando un político empieza a hablar de regulación, vigilancia y control de la información, los ciudadanos tienen la obligación de hacerse una pregunta muy simple:
¿Está tratando de proteger a la gente o está tratando de protegerse a sí mismo?
