Cuando una ley genera preocupación entre periodistas, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones especializadas en libertad de expresión e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo mínimo sería escuchar las críticas y abrir el debate.
Pero no fue lo que hizo el diputado local Héctor Serrano, del Partido Verde.
En lugar de atender los señalamientos, optó por descalificar a quienes han advertido sobre los riesgos de la llamada ley para regular la inteligencia artificial en San Luis Potosí. Una legislación que, detrás de un discurso de modernización, incorpora disposiciones que podrían convertirse en herramientas para perseguir, intimidar o criminalizar a periodistas, críticos del poder y ciudadanos incómodos.
Nadie cuestiona la necesidad de regular la inteligencia artificial. El problema está en el contenido de una ley que utiliza conceptos ambiguos, definiciones imprecisas y facultades susceptibles de interpretaciones arbitrarias.
Es una práctica conocida: tomar una causa legítima para introducir mecanismos que terminan sirviendo a otros intereses.
Porque una cosa es combatir la desinformación y otra muy distinta abrir la puerta para que el poder utilice la ley como instrumento para silenciar investigaciones periodísticas, denuncias ciudadanas o expresiones críticas.
La preocupación tampoco surge en el vacío. Tiene contexto y antecedentes. La iniciativa es impulsada por un político señalado en diversas ocasiones por su intolerancia hacia la crítica y por recurrir a acciones legales contra periodistas.
La experiencia mexicana demuestra que muchas restricciones a la libertad de expresión no llegan mediante censura abierta. Llegan disfrazadas de buenas intenciones, de modernización o de protección ciudadana.
Por eso las alertas emitidas por organizaciones especializadas no pueden minimizarse.
Lo verdaderamente moderno no es aprobar leyes apresuradas para presumir vanguardia. Lo verdaderamente moderno es construir marcos jurídicos que protejan derechos, fortalezcan libertades y resistan cualquier intento de uso político.
Cuando una ley preocupa a quienes defienden la libertad de expresión, el problema no está en quienes levantan la voz. Está en quienes se niegan a escuchar.
Por eso la postura debe ser clara:
Regular la inteligencia artificial, sí.
Abrir la puerta a la censura y a la persecución de voces críticas, no.
No a la #LeySerrano.
