A unas semanas de cumplirse dos años de la tragedia ocurrida en el bar Rich, familiares de las víctimas volvieron a cuestionar el actuar de las autoridades municipales y de la administración de Plaza Alttus, luego de que fueran retirados sellos de suspensión, cintas restrictivas y otros elementos colocados en el área donde ocurrieron los hechos.
El señalamiento fue realizado por el padre de uno de los jóvenes fallecidos, quien aseguró que recientemente se realizaron labores de limpieza y modificaciones visibles en la zona donde se encontraba el barandal del segundo piso relacionado con la tragedia.
De acuerdo con su testimonio, dichas acciones habrían contado presuntamente con autorización de áreas municipales vinculadas a inspección, comercio y protección civil, así como de la propia administración de la plaza comercial.
La denuncia surge mientras el proceso penal continúa avanzando en su etapa intermedia. En esta fase comparecen como acusados Nancy N, Ulises N y Francisco N, además de que se prevé la participación de funcionarios y exfuncionarios municipales y estatales, así como propietarios y socios de Plaza Alttus, para determinar los distintos niveles de responsabilidad en los acontecimientos.
Para los familiares, el retiro de las restricciones físicas en el lugar envía un mensaje equivocado en momentos en que el caso aún no concluye judicialmente y cuando persisten exigencias de justicia por parte de las víctimas.
El padre de uno de los jóvenes fallecidos calificó las acciones como una muestra de insensibilidad hacia las familias afectadas y cuestionó que las autoridades parezcan más interesadas en normalizar el espacio que en explicar las decisiones tomadas alrededor del inmueble. También criticó la colocación reciente de un nuevo aviso preventivo, al señalar que carece de elementos básicos de identificación administrativa como fecha, número de acta o datos del inspector responsable.
A casi dos años de la tragedia, la principal interrogante para los familiares sigue siendo la misma: ¿quién autorizó retirar las restricciones y modificar las condiciones visibles del lugar mientras las responsabilidades por los hechos aún continúan bajo análisis judicial?
Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado públicamente quién ordenó o autorizó dichas acciones ni bajo qué fundamento administrativo fueron realizadas.
