La dirigencia estatal del PRI en San Luis Potosí presentó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) una solicitud formal para promover la pérdida o cancelación del registro de Morena, argumentando presuntos vínculos del partido con grupos del crimen organizado.
La acción fue encabezada por la presidenta estatal priista, Sara Rocha Medina, y forma parte de una estrategia impulsada también por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, con la intención de colocar nuevamente en la agenda pública el debate sobre presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.
No obstante, la propia dirigencia priista reconoció que en San Luis Potosí no existen expedientes locales integrados contra militantes o representantes de Morena relacionados con estos señalamientos. De acuerdo con el PRI, la denuncia presentada toma como referencia casos ocurridos en otras entidades del país, principalmente Sinaloa y Michoacán.
El recurso interpuesto deberá ser revisado por el CEEPAC para determinar si cumple con los requisitos legales mínimos para ser admitido. Especialistas en materia electoral han señalado que la cancelación del registro nacional de un partido político representa una medida extraordinaria y únicamente podría resolverse por instancias federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Además, expertos consideran que para avanzar en un procedimiento de esta naturaleza serían necesarias pruebas contundentes, sistemáticas y directamente vinculadas con la dirigencia nacional del partido señalado.
Tras la presentación de la denuncia, Morena rechazó los señalamientos. El coordinador del partido en el Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, acusó al PRI de emprender una campaña de desinformación contra la llamada Cuarta Transformación.
El legislador sostuvo que ninguna persona o institución puede ser condenada sin pruebas y afirmó que cualquier acusación debe investigarse conforme a derecho. También retomó la postura expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a evitar el uso político de las instituciones.
En sus declaraciones, Morena también criticó que sectores de oposición recurran a instancias extranjeras para denunciar asuntos relacionados con el gobierno mexicano, señalando que los problemas nacionales deben resolverse dentro del país.
El episodio refleja el clima de polarización política que comienza a intensificarse rumbo al proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí. Mientras el PRI apuesta por posicionar el discurso relacionado con seguridad y presuntos vínculos criminales, Morena sostiene que se trata de una estrategia mediática impulsada por una oposición debilitada electoralmente.
Aunque la ofensiva priista tiene un fuerte componente político y discursivo, hasta el momento enfrenta limitaciones jurídicas debido a la ausencia de pruebas o expedientes locales que sustenten las acusaciones presentadas ante la autoridad electoral potosina.
