Mientras ex mandos cercanos a la antigua estructura de la Policía Federal acumulan sanciones e investigaciones por presuntas irregularidades millonarias, el nombre del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, vuelve a quedar inevitablemente ligado al periodo que encabezó dentro de la corporación federal.
La reciente sanción de 20 años de inhabilitación contra Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal, y la inhabilitación por 15 años de Damián C., ex titular de la División de Inteligencia, reactivaron los cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la corporación durante los años en que Galindo fungió como Comisionado General.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ambos ex funcionarios fueron sancionados por anomalías relacionadas con contratos públicos, particularmente uno firmado en 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, caso que además permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República.
Aunque el alcalde potosino no aparece formalmente entre los funcionarios sancionados, el escándalo vuelve a colocar bajo revisión política y pública la etapa que dirigió al frente de la Policía Federal, una corporación que durante los últimos años de existencia acumuló señalamientos por presuntos actos de corrupción, contratos opacos y manejo irregular de recursos.
Frente al nuevo golpe mediático, Galindo optó por deslindarse completamente de las responsabilidades relacionadas con Frida Martínez, argumentando que las irregularidades ocurrieron cuando él ya no estaba al frente de la corporación.
“El hecho por el que la inhabilitan se da cuando yo ya no era comisionado de la Policía Federal y yo ya no era su jefe”, declaró el edil capitalino.
Sin embargo, el señalamiento no logra cerrar del todo las dudas. El contrato que hoy forma parte de las investigaciones federales fue firmado precisamente en 2015, durante el periodo en que Galindo encabezaba la Policía Federal, lo que inevitablemente revive cuestionamientos sobre los mecanismos de control, supervisión y vigilancia interna dentro de la institución.
Más allá de la responsabilidad jurídica individual de los ex funcionarios hoy sancionados, el caso también abre el debate sobre la responsabilidad política e institucional de quienes dirigían una estructura federal integrada por más de 40 mil elementos y altos mandos.
El alcalde insistió en que cada funcionario debe responder por sus propios actos y afirmó mantenerse “muy tranquilo” a una década de haber dejado el cargo federal. “Si hizo un mal uso del recurso público que se le sancione como debe de ser”, expresó Galindo, quien además utilizó su permanencia política y reelección en la capital potosina como argumento para defender su imagen pública.
“No tiene nada que ver, me caracterizo por ser muy transparente en el uso de los recursos públicos”, sostuvo.
No obstante, el problema trasciende las sanciones individuales. La caída de ex mandos que operaron dentro de la estructura de la Policía Federal durante la gestión de Galindo vuelve a poner bajo reflector la red administrativa y operativa que funcionaba bajo su mando, así como las condiciones que permitieron contratos y decisiones hoy señaladas por autoridades federales.
La frase con la que el alcalde intentó cerrar la discusión también generó reacciones.
“Uno no puede meter las manos por sus colaboradores”, declaró.
No solamente si debe responder por las acciones de sus ex subordinados, sino qué tan efectivos eran los controles internos dentro de una corporación federal que años después sigue acumulando investigaciones, sanciones y presuntos casos de corrupción ligados a antiguos integrantes de su estructura directiva.
