Por: CIUDADANOS OBSERVANDO
Durante décadas, el crimen organizado se coludió con los gobiernos del PRI y del PAN. Financió campañas, obtuvo protección y corrompió a jueces, alcaldes, gobernadores e incluso a sectores de las fuerzas armadas. La ciudadanía se hartó de la violencia, las extorsiones y las mentiras, y en 2018 votó por un cambio radical. Morena llegó al poder prometiendo honestidad, austeridad y una ruptura total con las viejas prácticas políticas. Aseguraban que no serían cómplices de la corrupción ni del crimen organizado.
Millones de personas creyeron en el discurso de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, a casi siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, la realidad muestra un panorama muy distinto. Lejos de representar una diferencia de fondo, Morena acumuló escándalos relacionados con lujos, nepotismo, opacidad y presuntos actos de corrupción. Al mismo tiempo, el crimen organizado no perdió fuerza: se expandió y consolidó su presencia en distintas regiones del país.
Durante este periodo surgieron nuevos grupos criminales, se fortaleció el control territorial de los cárteles y la violencia alcanzó cifras históricas, incluso superiores a las registradas en sexenios anteriores. La estrategia de no confrontación permitió que muchas organizaciones delictivas operaran con mayor margen de impunidad.
Hoy, en diversas regiones del país, el crimen organizado influye en procesos electorales, impone candidatos y condiciona la vida pública bajo la sombra de la protección política. Fue durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando los grupos criminales alcanzaron uno de sus mayores niveles de poder e influencia.
La llamada 4T no transformó el sistema: únicamente cambió el color del partido en el poder mientras persistieron la corrupción, la impunidad y la violencia. Quedó demostrado que la corrupción es ambidiestra y no distingue entre derecha e izquierda.
