La organización Ciudadanos Observando dio a conocer una denuncia ciudadana relacionada con presuntas irregularidades en proyectos de inversión médica y farmacéutica en el estado de San Luis Potosí, situación que actualmente ya habría derivado en un proceso legal en curso.
De acuerdo con lo expuesto por la organización y los testimonios de personas afectadas, el caso estaría vinculado con inversiones realizadas en torno a la creación de una clínica y una farmacia identificada como Farmacia Arista, ubicada en la calle Cordelia 229, en la colonia Centro del municipio de Villa de Arista.
Los denunciantes señalan que participaron económicamente en una sociedad constituida bajo el nombre de Grupo Médico Arista S.A. de C.V., en la que también estarían involucrados el doctor Carlos Turriza Galván y la doctora Astrid Arriaga Pichardo.
Según la versión de los afectados, con el paso del tiempo surgieron desacuerdos sobre la administración de los recursos, el reconocimiento de aportaciones y el destino final de las inversiones, lo que llevó a que el conflicto fuera presentado ante instancias legales.
Como parte de la denuncia pública, los inconformes hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con cautela ante posibles invitaciones a invertir o asociarse en proyectos relacionados con los señalados. Recomendaron revisar a detalle cualquier contrato, exigir respaldo legal y evitar la entrega de recursos sin garantías claras.
Los denunciantes también afirmaron que el doctor Turriza Galván habría continuado promoviendo proyectos en distintos municipios de la entidad. Entre ellos, mencionan el inicio de una clínica en noviembre de 2025 en el municipio de Moctezuma, la cual habría quedado inconclusa por causas no aclaradas.
Asimismo, señalan que el 20 de marzo de 2026 se inauguró una sucursal de Farmacia Arista en la zona de Bocas, bajo el nombre “Farmacia Arista Rancho Las Calabazas”, además de la presunta apertura de una nueva sede programada para el 1 de junio en Venado.
De acuerdo con los promoventes de la denuncia, el objetivo principal de la difusión es alertar a la población sobre posibles esquemas de inversión considerados poco claros y solicitar a las autoridades que se investigue el caso para determinar si existen más personas afectadas o posibles responsabilidades legales.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una denuncia ciudadana y de un proceso legal en desarrollo. Serán las autoridades competentes quienes determinen si existieron o no irregularidades, así como la naturaleza de las posibles responsabilidades civiles o mercantiles que pudieran derivarse del caso.
