Mientras en redes sociales proyecta una imagen de éxito, viajes y nuevos proyectos personales, el influencer potosino César Cruz enfrenta un proceso legal relacionado con presunto incumplimiento de pensión alimenticia y violencia psicológica, situación que volvió a colocar sobre la mesa la problemática de la violencia económica en San Luis Potosí.
El caso fue expuesto públicamente por Aylin Santana, madre de un menor de dos años, quien denunció dificultades para obtener una manutención adecuada para su hijo y señaló presuntos actos de intimidación durante el conflicto legal.
De acuerdo con la representación jurídica de la joven, el proceso inició luego de que César Cruz presuntamente evitara responder de fondo a la demanda alimentaria y promoviera únicamente un esquema de convivencia y visitas con el menor.
La defensa aseguró además que el creador de contenido deportivo habría declarado ingresos considerablemente menores a los que presuntamente percibe realmente, situación que impactó directamente en el monto fijado como pensión alimenticia.
La cantidad establecida, mil 600 pesos mensuales, provocó reacciones e indignación en redes sociales, principalmente por el contraste entre el estilo de vida que el influencer muestra públicamente y las necesidades básicas del menor.
Aylin Santana sostuvo que mientras el influencer presume viajes, remodelaciones y proyectos personales, la manutención resulta insuficiente para cubrir gastos relacionados con alimentación, ropa, salud y futura educación del niño.
La joven también afirmó que existen medidas de restricción derivadas de presuntos episodios de violencia psicológica e intimidación, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente resoluciones definitivas sobre el caso.
La polémica tomó relevancia porque evidenció nuevamente una problemática recurrente en San Luis Potosí: la violencia económica contra mujeres y menores, una forma de agresión que especialistas identifican cuando se utiliza el dinero o la manutención como mecanismo de control o presión.
Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han advertido que este tipo de violencia suele permanecer invisibilizada o minimizarse socialmente, pese a que obliga a muchas madres a enfrentar largos procesos judiciales para exigir derechos básicos de sus hijos.
El caso también abrió cuestionamientos sobre la imagen pública que algunos influencers construyen en redes sociales, donde proyectan responsabilidad familiar y estabilidad económica mientras enfrentan señalamientos legales relacionados con abandono económico o conflictos familiares.
Más allá de la controversia digital, la situación expuesta por Aylin Santana reactivó el debate sobre las dificultades que aún enfrentan muchas mujeres en la entidad para acceder a justicia pronta en temas de manutención y protección familiar.
