A más de un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, el proceso judicial comenzó a tomar un rumbo que durante meses exigieron las familias de las víctimas: la posible revisión del actuar de funcionarios públicos antes y después del accidente registrado el 7 de junio de 2024.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de La Pila, correspondiente a la etapa de debate de pruebas previa al juicio oral, surgieron referencias a servidores públicos que ocupaban cargos al momento de los hechos. Aunque hasta ahora no existe una responsabilidad formal acreditada en su contra, la mención de funcionarios dentro del proceso volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre posibles omisiones de las autoridades encargadas de supervisar y regular este tipo de establecimientos.
El caso mantiene como principales imputados a Nancy Aurora N., Francisco N. y Ulises N.; sin embargo, familiares de las víctimas han insistido en que limitar la investigación únicamente a particulares dejaría fuera posibles fallas institucionales que habrían permitido la operación del negocio pese a presuntas irregularidades.
La discusión jurídica y social ya no se centra únicamente en quién administraba el establecimiento, sino también en quién permitió que continuara funcionando. El caso Rich ha vuelto a exhibir la presión sobre los mecanismos de supervisión municipal y estatal relacionados con permisos, inspecciones y medidas de seguridad en centros nocturnos.
En medio de este escenario, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento ya cumplió con las acciones que le correspondían tras la tragedia. El edil afirmó que el gobierno municipal modificó reglamentos, mantuvo clausurado el establecimiento y aplicó sanciones administrativas derivadas del caso.
No obstante, sus declaraciones también dirigieron la atención hacia las autoridades encargadas de la procuración de justicia. “Yo más bien la pregunta es, ¿qué ha hecho la fiscalía y cómo va?”, expresó el alcalde al referirse al avance de las investigaciones.
Galindo también señaló que sostuvo más de 20 reuniones con familiares de las víctimas y aseguró que el Ayuntamiento mantiene abiertas las puertas para continuar con el acompañamiento. Además, confirmó que existen procedimientos administrativos contra el propio gobierno municipal relacionados con este caso, mismos que actualmente continúan en análisis ante tribunales.
Mientras tanto, para las familias afectadas, el objetivo principal sigue siendo esclarecer si la tragedia fue únicamente consecuencia de fallas privadas o si existió una cadena de omisiones oficiales que permitió que el riesgo creciera hasta derivar en una de las tragedias más sensibles y polémicas que ha enfrentado la capital potosina en los últimos años.
