La propuesta de aplicar exámenes de control y confianza a quienes aspiren a cargos de elección popular en 2027 generó un intenso debate político en San Luis Potosí, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona planteara que las evaluaciones sean aplicadas por gobiernos estatales y la Federación, dependiendo del tipo de candidatura.
La iniciativa busca impedir que perfiles presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, actos de corrupción o conductas incompatibles con el servicio público lleguen a las boletas electorales. Sin embargo, la propuesta abrió cuestionamientos sobre la imparcialidad de los mecanismos y los riesgos de utilizar herramientas de seguridad en procesos políticos.
Gallardo Cardona propuso un esquema “bipartita”, en el que el Estado evalúe a quienes busquen cargos locales, mientras que la Federación se encargue de candidaturas federales como diputaciones y senadurías. El mandatario argumentó que las pruebas de control y confianza requieren procesos técnicos, especializados y costosos, además de infraestructura operativa compleja.
No obstante, la propuesta fue cuestionada por el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, quien advirtió que dejar estas evaluaciones en manos de gobiernos estatales podría representar un riesgo para la democracia y generar ventajas políticas para quienes se encuentran en el poder.
Galindo, quien anteriormente se desempeñó como comisionado de la Policía Federal, señaló que este tipo de evaluaciones son altamente invasivas, ya que incluyen pruebas toxicológicas, investigaciones patrimoniales, análisis del entorno social, evaluaciones psicológicas e incluso polígrafo.
El alcalde también expresó preocupación por el manejo de la información confidencial obtenida durante las evaluaciones y cuestionó quién garantizaría que esos datos no sean filtrados, utilizados políticamente o convertidos en mecanismos de presión durante las campañas electorales.
La discusión ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites entre seguridad y democracia.
Los exámenes de control y confianza fueron diseñados originalmente para corporaciones policiacas y áreas estratégicas del Estado, no para definir quién puede competir en una elección.
Además, existen dudas sobre los criterios que podrían utilizarse para determinar si una persona es “apta” o no para contender por un cargo público, lo que podría derivar en impugnaciones legales o cuestionamientos constitucionales relacionados con el derecho ciudadano a ser votado.
Mientras algunos sectores consideran necesario endurecer los filtros para evitar la infiltración del crimen organizado en la política, otros sostienen que cualquier mecanismo de evaluación debe garantizar absoluta imparcialidad y evitar convertirse en una herramienta de control político.
El debate continúa abierto rumbo al proceso electoral de 2027, en medio de una creciente exigencia ciudadana de transparencia, legalidad y confianza en las instituciones.
