Comunidades indígenas del municipio de Axtla de Terrazas ratificaron su rechazo a la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking, durante una reunión de autoridades comunitarias celebrada en la localidad de Cómoca, perteneciente al ejido Ahuacatitla.

En el encuentro participaron representantes de 13 demarcaciones, quienes acordaron oponerse de manera tajante a esta práctica de extracción de gas y petróleo, al considerar que implica riesgos ambientales severos, como la contaminación del agua, el aire y los suelos, además de posibles afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas de la región.

Como parte de los acuerdos, las autoridades hicieron un llamado a otras comunidades del municipio para sumarse a la defensa del territorio, señalando que al menos 30 localidades se encuentran en riesgo ante posibles proyectos de perforación.

Asimismo, determinaron emprender acciones legales y políticas para frenar cualquier intento de implementación del fracking, así como levantar actas de asamblea comunitarias y agrarias en las que se formalice el rechazo a esta técnica y se establezcan medidas de protección de los bienes comunes.

También solicitarán a las autoridades municipales que emitan actas de cabildo en las que se niegue cualquier autorización de cambio de uso de suelo relacionado con estas actividades. En el ámbito legislativo, respaldarán una solicitud para que el Congreso del Estado exhorte a la Cámara de Diputados a prohibir el fracking a nivel constitucional.

Entre las acciones anunciadas, destaca la realización de una movilización el próximo 23 de mayo a la orilla de la carretera, así como la organización del quinto Foro “No al Fracking”, programado para el 30 de mayo en Ahuacatitla, con la participación de organizaciones civiles, académicos, sindicatos y representantes populares.

Las comunidades también subrayaron la importancia de fortalecer la unidad interna y la coordinación entre localidades como estrategia para enfrentar de manera conjunta esta problemática.

La reunión y los acuerdos fueron impulsados por la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, organización que acompaña procesos comunitarios en defensa del territorio y los recursos naturales en la región.