El informe de mitad de gestión del rector Alejandro Zermeño Guerra al frente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llega en un momento marcado por cuestionamientos que atraviesan lo político, lo administrativo y lo ético
Lejos de reflejar una etapa de consolidación, su administración ha sido señalada por prácticas de favoritismo, nepotismo y uso discrecional de los recursos humanos. En áreas clave como Servicios Estudiantiles, la designación de perfiles cercanos sin trayectoria clara dentro del sistema universitario ha encendido alertas sobre la falta de criterios profesionales y la ausencia de procesos transparentes
Los casos que han salido a la luz muestran un patrón consistente. Incorporación de allegados, exlíderes estudiantiles y personas vinculadas a funcionarios de alto nivel dentro de la estructura universitaria. Más que fortalecer la institución, estas decisiones proyectan una lógica de retribución política que debilita la confianza interna
A ello se suma un dato difícil de ignorar. Cerca de 300 jubilaciones frente a unas 800 nuevas contrataciones en seis años sin que exista una mejora visible en los servicios para estudiantes. Este desbalance alimenta la percepción de que las plazas han sido utilizadas como herramienta de control y pago de favores, en lugar de responder a necesidades académicas y administrativas reales
El problema no se limita al ámbito interno. La universidad pública sostiene su legitimidad en la confianza social, y cuando esa confianza se erosiona por decisiones opacas, el impacto alcanza a toda la comunidad que depende de ella
En este escenario resulta especialmente delicado que el rector comience a perfilar aspiraciones políticas con miras a una posible candidatura bajo las siglas de Morena. El cuestionamiento no es la aspiración en sí misma, sino el momento en que surge, cuando la gestión enfrenta señalamientos que aún no han sido esclarecidos
La UASLP se encuentra ante un punto de inflexión. Fortalecer su rumbo mediante transparencia y rendición de cuentas o profundizar una crisis de credibilidad que puede afectar su misión educativa. La comunidad universitaria necesita respuestas claras y acciones verificables, no silencio ni evasivas
